Antecedentes
Las medidas de aislamiento y los efectos de la Covid-19 necesariamente impactan las dinámicas del conflicto armado en Colombia y la implementación de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Si en los tres años y medio que lleva la firma de los acuerdos las dificultades, obstáculos y resistencias por parte de algunos sectores han dificultado su implementación, en medio de la pandemia por coronavirus se han relentado aún más las acciones.
Por una parte, los territorios más afectados por el conflicto tienen acceso reducido a bienes y servicios públicos, la representatividad y capacidad de intervención de las instituciones del Estado es mínima, las brechas tecnológicas y de acceso a información son limitadas, y sus habitantes se encuentran expuestos a distintas formas de violencia por parte de fracciones criminales, situaciones que se han exacerbado en medio de la pandemia. Por otro lado, las amenazas y riesgos a la vida de líderes, lideresas y excombatientes se ha incrementado de manera exponencial desde la firma de los acuerdos y durante las medidas tomadas para mitigar la expansión de coronavirus los asesinatos han aumentado. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ[1] informa que desde que se suscribió el acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC – EP, hasta el 20 de febrero de 2020, 817 líderes y lideresas sociales y quienes defienden los Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia, y según la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, a abril de 2020 se han registrado 197 homicidios a excombatientes desde la firma del Acuerdo de Paz. A este número deben sumarse los 39 intentos de asesinato y las 13 desapariciones de exmiembros de las Farc-EP[2].
Enfoque de género en los Acuerdos de paz con las FARC-EP
Gracias a la movilización de las organizaciones de mujeres en Colombia, que en un inicio no habían sido convocadas a la mesa de diálogo, se logró un hecho histórico en los procesos de paz de todo el mundo y un hito para Colombia, incorporar el enfoque de género en los Acuerdos de paz con las FARC-EP. Y las entidades que han impulsado los avances son el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y la Consejería Presidencial para la Equidad de la mujer.
El Acuerdo Final establece el enfoque de género como un principio orientador para su implementación, en este sentido, contempla 122 medidas y exige la participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de la paz. Además, reconoce la victimización de las mujeres en conflicto armado colombiano y adopta acciones diferenciadas para que las mujeres accedan en igualdad de condiciones a los planes y programas contenidos en el Acuerdo de Paz.
Y son esas mismas organizaciones de mujeres las principales veedoras, quienes hacen seguimiento a su implementación. El informe de 2019 del Grupo Género en la Paz, GPAZ, integrado por las organizaciones que han velado porque se incluya y se dé cumplimiento al enfoque de género en el Acuerdo de Paz, revela la falta de voluntad política y compromiso con los derechos de las mujeres y las medidas que involucran a las personas LGBT: “de las 130 medidas relacionadas con género en el Acuerdo de Paz, 13 ya fueron satisfechas, 19 presentaron avances satisfactorios, 50 tuvieron avances parciales y 40 no presentaron ningún avance entre agosto de 2018 y agosto de 2019”[3]
Este informe hace parte de los identificados por el Observatorio ATALANTA de COVID-19 y Género, junto con los realizados por parte de la Comisión de la Verdad, Dejsuticia, el Instituto kroc de Estudios Internacionales de Paz, ONU Mujeres, y diversos organismos internacionales, que han hecho especial seguimiento a la implementación del enfoque de género en los acuerdos, encontrando que a pesar de los importantes avances, “son insuficientes y van a un ritmo menor que los relacionados con la generalidad del Acuerdo”[4].
Covid-19 e implementación de género en Acuerdos de Paz con las FARC-EP
Relegar las medidas del enfoque de género en los acuerdos de paz ha generado pérdida de confianza por parte de las mujeres y la sociedad en general hacia los Acuerdos de Paz. En la coyuntura del coronavirus, la falta de acciones para incorporar acciones de género, ha generado el incremento de la vulnerabilidad y riesgos para las mujeres y personas LGBTI víctimas y sobrevivientes del conflicto armado colombiano. Las medidas de aislamiento social tomadas para mitigar los efectos de la COVID-19 las ha expuesto al incremento de las distintas formas de violencia basada en género en contextos familiares y comunitarios; la vida de las lideresas, defensoras de derechos humanos y excombatientes está en alto riesgo; la participación política se ha visto disminuida; y los procesos de verdad, justicia y reparación, la restitución de tierras y las acciones de memoria y construcción de paz se están viendo amenazadas.
[1]INDEPAZ. Informe especial sobre agresiones a personas defensoras de los derechos humanos y de los acuerdos de paz, febrero 2020. http://www.indepaz.org.co/informe-especial-sobre-agresiones-a-personas-defensoras-de-los-derechos-humanos-y-de-los-acuerdos-de-paz/
[2] Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2020. Embestidas contra la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia en tiempos de coronavirus https://www.justiciaypazcolombia.com/embestidas-contra-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-en-colombia-en-tiempos-de-coronavirus/
[3] GPAZ, 2019. La Paz avanza con las mujeres. Observaciones sobre la incorporación del enfoque de género en los Acuerdos de Paz. https://generoypaz.co/informes/gpaz_informe_2019.pdf?
[4]Instituto kroc de Estudios Internacionales de Paz, 2020. Hacia la paz sostenible por el camino de la igualdad de género https://kroc.nd.edu/assets/345128/120519_informe_genero_digital.pdf
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