ETCR Agua Bonita. Foto: Alianza para la Paz

“Ese ha sido el trabajo que me ha gustado desde mi niñez, el trabajo comunitario, el trabajo con las comunidades y siempre trabajando para que haya una justicia social…salud, educación. Eso lo motiva a uno a estar ayudando siempre a las comunidades”.

Para muchos colombianos, especialmente los que vivieron la década de los años 80s y 90s, escuchar hablar de la Unión Patriótica UP, es algo común. La UP tuvo sus inicios a mediados de los 80, como resultado de unos acuerdos entre el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En los llamados “Acuerdos de La Uribe” se estipuló el surgimiento de un movimiento político como una opción de oposición, movimiento que contó con un numeroso respaldo popular y logró un apoyo importante en las primeras elecciones populares de alcaldes en el país.

Tras la la ruptura de las negociaciones, los miembros de la UP quedaron en un evidente riesgo. Muchas personas fueron asesinadas y cientos fueron amenazas y perseguidas. Personas del Partido Comunista Colombiano (PCC) tenían una amplia participación dentro la UP, por lo cual también resultaron afectadas. Fue una violencia que había iniciado tiempo atrás, pero que se acentuó sistemáticamente en las últimas décadas.

En este difícil contexto crece Esperanza, nacida en el departamento de Caquetá. Desde muy chica empieza a militar en la juventud comunista –JUCO-, también trabajó con la organización Unión de Mujeres Demócratas de Colombia (UMDC). Esta última es recordada por ser de las primeras organizaciones de mujeres, que a pesar de la represión existente, inicia con la conmemoración del 8 de marzo como día internacional de la mujer trabajadora en Colombia. “Yo soy oriunda del Caquetá, antes yo era dirigente de la juventud comunista en el departamento de Caquetá. Trabajé, pues toda mi niñez hasta los 17 años que me fui a las armas. También hacía parte de la organización social “Unión de Mujeres Demócratas de Colombia”, nos cuenta Esperanza. Durante su niñez y con evidente nostalgia, recuerda el importante trabajo organizativo y político de las comunidades de su querido departamento.

La nostalgia evidentemente proviene de la difícil decisión que le toca tomar apenas a sus 17 años, en un contexto donde lo necesario era salvaguardar su vida. De esta manera y para poder seguir trabajando por sus convicciones, toma la decisión de ingresar a las FARC. Ella cuenta que, “eso si es un tema que realmente fue muy difícil. Entre 1985 y 1990 fue el período del genocidio político de la Unión Patriótica, y a la gente de la juventud comunista. Eso fue lo que nos llevó realmente a irnos a las FARC ”. Además, Esperanza observa como ese momento histórico se parece mucho al actual; “estamos repitiendo eso ahorita”, sentencia.

Al preguntar por lo más difícil de tomar esta decisión, Esperanza nos muestra como su motor de vida es ser lideresa comunitaria y en consecuencia nos dice: “lo más difícil de esto fue dejar las organizaciones, pues yo ahi me formé”. Esperanza encarna la vida de muchos líderes sociales, que como ha sucedió antes hasta el día de hoy, palpan un inmenso riesgo por su vida producto de su trabajo organizativo. En su momento, la decisión de Esperanza fue unirse a la guerrilla, tras ser víctima de la violencia política experimentada en aquel entonces.

Cuando llega a la guerrilla, describe que lo que más la impactó fue ver la capacidad organizativa de este grupo armado. Ella señala que, “cuando yo llegué y mire tanta gente, porque realmente uno desde afuera, no alcanza a medir la dimensión de lo que se trabaja al interior de las FARC… construyendo realmente una plataforma de gobierno con un objetivo muy preciso, el cambio social del país. Uno acá afuera no alcanza a medir la dimensión”.

Con el paso del tiempo se siguió sintiendo impactada por lo que significaba la organización de la guerrilla en todo el país y además, el hecho de que este movimiento insurgente fuera reconocido, tanto nacional, como internacionalmente. Además, resalta el desarrollo político que se tenía al interior de sus filas. Dentro de este andamiaje, Esperanza hizo parte de una comisión de trabajo que se encargada de relacionarse con las comunidades del departamento, lo que le permitió seguir en contacto con la organización comunitaria.

Años después llegarían otros diálogos, los del Caguán, que representaron para muchos guerrilleros un aprendizaje, de cómo estos frágiles procesos pueden romperse en cualquier momento. Esto generaría, para el proceso de Diálogo con el gobierno de Santos, una inicial sensación de incredulidad, esperando el momento en el que se tuvieran que detener por cualquier situación adversa. A pesar de todo, los diálogos prosperaron y generaron el acuerdo, aunque para Esperanza, siempre estuvo presente el recuerdo de la historia de la UP y del Partido. “Mi miedo era que se repitiera la historia”, cuenta. Con tristeza, reitera que actualmente han perdido la vida muchos de sus compañeros y compañeras excombatientes. Igual sucede con los líderes sociales en el país, situación que aún no parece tener medidas efectivas para su prevención. No era seguro hace 20 años y no lo es ahora para Esperanza. “Todos los días nos están matando y no solo a nosotros también a los líderes sociales”, afirma.

Cuando se firman los acuerdos, Esperanza asume un nuevo rol y durante un año dedica sus esfuerzos a hacer parte del equipo de monitoreo y verificación del cese al fuego y de la dejación de las armas. Allí se une al equipo regional en Florencia en donde trabaja muy de cerca con las realidades del Putumayo y Caquetá.

De este proceso de reincorporación, resalta que iniciaron con unas expectativas muy altas, pero que ahora tienen un sin sabor, pues en su concepto, el cumplimiento de los acuerdos ha sido muy limitado, ha habido cambios a los acuerdos y poca implementación de los mismos. Esto le preocupa y espera que la voluntad del gobierno cambie para que se logren hacer desarrollos importantes. Al respecto dice, “si hay voluntad del gobierno podemos hacer muchas cosas, tener un pueblo, un puesto de salud para atender las veredas cercanas, un parque infantil que vengan los niños de las veredas. Pero solo si hay voluntad política del gobierno, local, nacional y regional”.

Pero Esperanza aclara que esto no sólo lo desea para las personas en proceso de reincorporación, comentando que, “realmente el acuerdo no es solo con nosotros, es con todo el país”. Resalta el estado de los acuerdos en el tema de la sustitución de cultivos y llama la atención de cómo esto es un punto central para el campesinado. Afirma contundentemente que es con este sector social con el cual el gobierno debe avanzar en el cumplimento, pues de esto depende la subsistencia y seguridad de este actor tan importante a nivel nacional.

También le preocupa el poco impulso del gobierno a las iniciativas productivas que existen en el poblado (antiguo ETCR). Por el contrario, observa como la mayoría del apoyo lo han recibido de donantes internacionales, labor que resalta cómo unos de los respaldos fundamentales durante todo el proceso. Así mismo, ve con entusiasmo la forma como las comunidades los han acogido, no solamente las que viven cerca del poblado, sino las de todo el departamento, pues ha sentido como les piden su participación y su colaboración en el direccionamiento de algunos programas.

De esta manera Esperanza cuenta como en términos de la estigmatización, no ha sentido ninguna reacción de rechazo por parte de las comunidades, pero es diferente cuando habla de las instituciones, en donde identifica un señalamiento. Además, la discriminación se hace visible, especialmente en aspectos de tipo laboral. Continuando con la problemática de la estigmatización, Esperanza señala como también se genera una suerte de desinformación que parte desde los medios de comunicación, al no distinguir entre el proceso actual de reincorporación y la desmovilización. Puntualiza que: “Estigmatización se puede ver en muchos discursos desde la televisión, en el lenguaje hablado y escrito, donde no se ha logrado entender que nosotros no estamos en un proceso de desmovilización, nosotros hicimos una movilización”.

Esperanza es hoy la coordinadora departamental de sustitución de cultivos de uso ilícito y encargada del tema de educación del poblado Héctor Ramírez, ubicado en el municipio de La Montañita, en Caquetá. Sigue apostándole a la organización comunitaria, afirma que es su motor y lo que la motiva a seguir trabajando. “Ese ha sido el trabajo que me ha gustado desde mi niñez, el trabajo comunitario, el trabajo con las comunidades y siempre trabajando para que haya una justicia social…salud, educación. Eso lo motiva a uno a estar ayudando siempre”, comenta.

Afirma que el Poblado del que hace parte tiene muchas cosas que compartir, como el muralismo, la marroquinería y todas las iniciativas que se están construyendo desde el territorio. Así mismo, tiene claro que los acuerdos aún están en proceso y para esto necesitan mucho apoyo y compromiso en la construcción de paz. Afirma que ellos están y seguirán haciendo su parte, esperando que se cumpla lo pactado y que dentro de muy poco, en el futuro venidero, se consoliden las bases de un desarrollo social para este territorio del Caquetá, por el que ha trabajado desde muy pequeña.