Las acciones de incidencia de las lideresas se han visto disminuidas y sus vidas están en riesgo, especialmente en el Urabá Antioqueño y la llamada Zona Bananera, integrada por los municipios priorizados, como Apartadó, Carepa, Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, donde el despojo de tierras y los procesos de reclamación se dan en un contexto en el que la creciente incidencia armada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las dificultades estatales para responder y garantizar la protección, hacen que el riesgo, amenazas y asesinato de personas lideresas y defensoras sea uno de los más altos. En esta región hay una normalización de la violencia y un patrón sistemático de violencia política, especialmente hacia movimientos de izquierda, movimientos de derechos humanos, sociales y sindicales, donde líderes y lideresas sociales reclamantes de derechos son los más victimizados.
Las acciones violentas han sido centralizadas hacia los liderazgos sociales pertenecientes a organizaciones, sindicatos y juntas de acción comunal que buscan la reivindicación y garantía de los derechos de las poblaciones rurales, quienes han sido las principales víctimas de un conflicto. Desde el 2016, con la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC, se ha incrementado las amenazas y asesinatos a lideres y lideresas sociales de la subregión del Urabá. Esta región es un coredo estratégico y existe un conflicto por las circunscripciones de paz, restitución de tierras y presencia del Clan del Golfo, quienes se han posesionado de zonas abandonadas por las FARC en veredas limítrofes con los municipios de Montelíbano (Córdoba), Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá en el departamento de Antioquia.
Este escenario tiende a agravarse cuando factores externos debilitan las estructuras de apoyo que se generan entre las comunidades. Ejemplo de esa situación es el efecto que el confinamiento por la pandemia por COVID-19 tuvo en el aumento de la vulnerabilidad y riesgo de quienes ejercen los liderazgos, además de mermar las dinámicas propias de intervención que implica ser lideresa o defensora.
La falta de involucramiento y/o articulación de la comunidad, redes y organizaciones y de éstas con la institucionalidad genera vulnerabilidad para lideresas, líderes y quienes defienden los derechos humanos. Esto aumenta cuando la institucionalidad tiene obstáculos que impiden una cobertura adecuada en materia de protección de derechos y se agudiza cuando la institucionalidad actúa de manera indiferente, aislada o poco coordinada para prevenir y mitigar la ocurrencia de hechos victimizantes y estigmatizantes.
Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de comunicación para la incidencia política y la prevención de la estigmatización de las lideresas y/o defensoras de derechos humanos del Urabá Antioqueño con énfasis en municipios PDET, como estrategia de protección y legitimación del trabajo que realizan y sus liderazgos.
De los 11 municipios que integran la zona de Urabá, el proyecto trabaja con organizaciones de Necoclí, San Pedro de Urabá, Turbo, Apartadó y Carepa (Municipios PDET)
Las cinco organizaciones aliadas al proyecto son lideradas por mujeres rurales víctimas del conflicto armado, quienes por medio de su resistencia y resiliencia lograron organizarse como colectivos y construir prácticas de transformación social en especial para las mujeres en sus territorios. Por ello, el trabajo que se realiza con las organizaciones se desarrolla desde el enfoque de género, siendo incorporado de manera transversal para identificar las relaciones desiguales de poder y las múltiples formas de discriminación, exclusión, estigmatización y violencias que los contextos generan y reproducen hacia lideresas y defensoras de derechos humanos. De igual forma trabajamos desde el enfoque interseccional, reconociendo el cruce de categorías como sexo, etnia, raza, identidad de género, orientación sexual, tipos de liderazgo, condiciones sociales, económicas, educativas; y el contexto geográfico
Por su parte, el fortalecimiento del pleno respeto a los Derechos Humanos se debe reflejar en las garantías de seguridad y no discriminación de los liderazgos sociales, por ello, para este proyecto prima la capacidad de diálogo, legitimidad y generación de confianza, a través de acciones de prevención y desestigmatización. Es necesario reconocer que la sociedad colombiana es la suma de diversos conglomerados de identidades sociales, cada uno de ellos con necesidades específicas y con perspectivas acerca de los conflictos que no pueden homogenizarse ni ignorarse.
Es así como las acciones de fortalecimiento de las lideresas sociales y de las comunidades donde habitan, enmarcaran la relación entre estos actores y la reconstrucción de sus territorios como acción directa de reconciliación y prevención de estigmatización, en especial frente a comunidades con arraigo ancestral y con población en procesos de retorno y restitución de tierras. En este marco, se hace énfasis en el papel que cumplen las mujeres, en particular lideresas comunitarias, en la defensa del medioambiente.
