Proyecto Prevención terciaria con jóvenes en conflicto con la ley penal
Fecha de ejecución: Mayo 2018 – Marzo 2019.
Objetivo general:
Reinserción laboral de jóvenes en conflicto con la ley, miembros de las barras deportivas del país.
Objetivos específicos:
• Generar un modelo probado y basado en evidencia de la prevención de violencia con jóvenes en problemas con la ley.
• Formar a 40 jóvenes e implementar emprendimientos productivos entre los beneficiarios del proyecto piloto.
• Crear una infraestructura de réplica de la experiencia entre jóvenes en problemas con la ley.
Cobertura geográfica: Tegucigalpa.
Donantes: Banyan Global, USAID.
Contexto
Honduras es uno de los países de América Latina que posee las tasas más altas de violencia homicida, y algunas de sus ciudades principales se ubican entre los territorios más violentos del mundo. Esto se suma al legado de crisis políticas que desató el controvertido quiebre institucional ocurrido en 2009, que dejó una sociedad políticamente polarizada. En el año 2016, el proceso electoral fue cuestionado por haber hecho posible una reelección presidencial en medio de una controversia legal. Esta situación dio lugar a masivas protestas que fueron violentamente reprimidas en todo el país y que dejaron serias acusaciones de violaciones a Derechos Humanos.
En este contexto, diversos grupos criminales compiten por el control de territorios para la venta de droga en las calles, así como de otras actividades delincuenciales –como la extorsión.
La lucha por el control territorial también sucede en aquellos lugares en los que la industria extractiva –minería, principalmente– es la única forma en que numerosas comunidades pueden acceder al trabajo, en donde el Estado es ausente y los recursos naturales son explotados sin control alguno sobre sus efectos en el medio ambiente.
La principal manifestación del efecto social y económico de los anteriores problemas ha sido la migración masiva de hondureños a los Estados Unidos, la cual dio un giro hacia la crisis humanitaria con las dos caravanas masivas ocurridas en octubre de 2018 y enero de 2019.
Las causas individuales que motivan a las personas a agruparse y migrar colectivamente son diversas, pero se unifican en un discurso de desesperación por la situación política y social en que vive la mayoría de la población. Esto evidencia que la situación económica, si bien es importante, no es la única motivación para migrar. En el nivel de mayor vulnerabilidad de las personas que se suman a las caravanas se encuentran las mujeres, quienes escapan de múltiples formas de violencia sexual y basada en género, ante la inexistencia de mecanismos institucionales de protección, refugio y justicia.
Para la población que no escapa del país, especialmente la juventud, las opciones de vida son limitadas. Es ahí en donde las pandillas y otras formas de agrupación juvenil se convierten en opciones de vida con el alto riesgo de violencia e involucramiento en economías ilícitas.
Estrategia del programa y teoría de cambio
Desde una perspectiva de construcción de paz, el cambio de las dinámicas de violencia es posible si se incluye a los actores directamente involucrados en ésta, tanto aquellos definidos como perpetradores como también a las víctimas. En Honduras, la mayoría de los jóvenes se encuentra en una situación de vulnerabilidad y riesgo producido por un contexto de exclusión y desigualdad, y por el fácil acceso a economías ilícitas y violencia. La existencia de políticas represivas de encarcelamiento masivo hace que la mayoría de los jóvenes provenientes de territorios marginales y vulnerables hayan sido ingresados al sistema de justicia y, por lo tanto, posean antecedentes penales y policiales. Ya sea que haya ocurrido o no la comisión de un delito grave, los jóvenes son recurrentemente procesados por faltas menores. La aplicación arbitraria y represiva de las normas penales hace muy fácil que un joven sea encarcelado. Esto tiene un impacto directo en sus posibilidades de acceder a las ya precarias oportunidades laborales que el país ofrece.
Por esa razón, el programa que APAZ implementa en el país se orienta a la prevención de la violencia en el nivel terciario; es decir, personas que han ingresado al sistema penal y que cuentan con procesos abiertos, razón que los excluye del trabajo formal. El programa se implementa a partir de una relación de confianza establecida con agrupaciones juveniles –en este caso barras deportivas de futbol– que aglutinan jóvenes en torno a la identidad colectiva y que, dado el contexto de violencia generalizada en el país, se enfrentan en barrios y comunidades. Si bien altamente estigmatizadas y criminalizadas, las barras son una ventana de oportunidad para los jóvenes de acceder a espacios de confianza e identidad.
El proyecto se implementa en conjunto con “Empleando Futuros” de USAID, y se concentra con jóvenes en conflicto con la ley penal. Se desarrolla un componente de formación en habilidades para la vida, y competencias laborales básicas, como preparación para la capacitación productiva y el desarrollo de emprendimientos individuales y colectivos. El elemento integrador de esos componentes es la terapia cognitivo-conductual, con la que se abordan los efectos de la violencia en la personalidad y las relaciones sociales desde una perspectiva de prevención de la violencia.
El proyecto se implementa con dos grupos de 20 jóvenes, cada uno perteneciente a las dos principales barras de futbol del país: Revolucionarios y Ultra Fiel. La identidad de grupo es una herramienta para la transformación de las actitudes violentas, de tal manera que son los mismos jóvenes, a través de sus códigos y normas colectivas, quienes definen las reglas y necesidades del proceso transformador. Es así como los dos grupos han demostrado su compromiso al no reportar deserciones y apropiarse de la iniciativa para expandirla al resto del colectivo juvenil.
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